El lunes 12 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional aprobó definitivamente la norma sobre «carga pública», que redefinirá el significado de este término al permitir que la Administración deniegue visados de inmigrante (tarjeta verde) o visados temporales a aquellas personas que hayan recurrido o se considere que puedan recurrir a determinadas formas de asistencia pública —servicios a los que pueden acceder legalmente—.
Esta norma obligará a miles de nuestras comunidades más vulnerables, a los niños y las familias inmigrantes con bajos ingresos, a elegir entre acceder a los servicios sanitarios esenciales que necesitan o renunciar a ellos a cambio de poder permanecer en Estados Unidos y mantener unidas a sus familias. Se trata de una elección imposible.
Incluso antes del anuncio de hoy, ya habíamos observado los efectos disuasorios de esta norma: PHS lleva inscribiendo a neoyorquinos en el SNAP (cupones de alimentos) desde 2007, y se registró una caída del 20 % en las inscripciones cuando se anunció la norma propuesta en octubre del año pasado. La norma sobre la carga pública también ha disuadido a los inmigrantes de utilizar otros programas de prestaciones públicas que no están incluidos en la norma, como el WIC. Los centros WIC de barrio del PHS registraron descensos significativos en el número de casos del WIC, con más de 400 participantes que dejaron de acudir en solo un mes.
Esta norma sobre la «carga pública» no es más que el último de una serie de ataques de la Administración Trump contra la salud y la seguridad de las familias inmigrantes. Castigar a las familias que necesitan la ayuda de los programas de prestaciones públicas para recuperarse es inaceptable. Esta norma no solo tendrá consecuencias negativas de gran alcance para la salud de muchos de nuestros clientes, sino que también supondrá una mayor carga para el sistema de atención sanitaria de nuestra ciudad.
