La semana pasada, el Tribunal Supremo aceptó revisar una sentencia de un tribunal inferior dictada a principios de este año que impugnaba la autorización de la FDA del fármaco mifepristona, uno de los dos medicamentos esenciales utilizados para el aborto farmacológico. De no tomarse esta medida, las restricciones sobre el fármaco podrían entrar en vigor. Sin embargo, si el Tribunal Supremo admitiera a trámite el caso y confirmara la sentencia del tribunal inferior, el impacto sobre la libertad reproductiva sería devastador. Es fundamental que el Tribunal Supremo revoque la sentencia, preserve la autoridad y la experiencia de la FDA y mantenga la mifepristona en el mercado.
La mifepristona ha sido utilizada de forma segura por millones de personas desde su aprobación por la FDA hace más de 20 años. Las recientes sentencias de tribunales inferiores amenazan el acceso de las pacientes en todo el país, incluidas aquellas que residen en estados que han protegido legalmente el derecho al aborto. Si no se revocan, las pacientes se enfrentarán a obstáculos innecesarios debido a las restricciones en el acceso a la mifepristona, entre ellos la imposibilidad de recibirla por correo, un plazo más corto para su uso y/o la obligación de acudir a visitas médicas de seguimiento innecesarias. Estas restricciones ignoran décadas de evidencia científica y sientan un peligroso precedente de injerencia ideológica en la medicina basada en la evidencia.
Public Health Solutions (PHS) es una organización líder en la prestación de atención sanitaria sexual y reproductiva de alta calidad y centrada en el paciente, que incluye métodos anticonceptivos, pruebas y tratamiento de ITS, pruebas de embarazo, aborto farmacológico y atención prenatal; por lo tanto, restringir el acceso a un medicamento esencial supone un ataque directo a la libertad reproductiva de las pacientes que atendemos a diario. Cualquier restricción médicamente innecesaria sobre el uso de la mifepristona afectaría de manera desproporcionada a las comunidades a las que atendemos colectivamente, incluyendo a las personas de color, los inmigrantes, las personas LGBTQ+, así como a aquellas que carecen de seguro médico, son indocumentadas y carecen de recursos.
