En junio, Public Health Solutions se unió a defensores de la salud reproductiva y a activistas jurídicos para presentar una demanda contra una norma de la Administración Trump que permitiría al personal sanitario denegar información y tratamiento a los pacientes basándose en sus creencias religiosas y morales. Junto con la Asociación Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva y la Unión Americana por las Libertades Civiles, intentamos impedir que esta «norma de conciencia», contraria a la ética, socavara el acceso a la atención sanitaria de los grupos vulnerables. Estados, municipios y defensores de todo el país con ideas afines también impugnaron la norma, lo que generó una amplia ola de oposición.
El 6 de noviembre, el juez federal de distrito de Manhattan dictó una resolución vinculante a nivel nacional que bloquea la norma, al considerar que esta viola una serie de garantías federales, entre ellas la Ley de Derechos Civiles. Se trata de una gran victoria para los pacientes de todo el país, especialmente para las comunidades marginadas como aquellas a las que atendemos. La norma habría afectado de manera desproporcionada a determinados grupos, como las personas LGBTQ y las mujeres. Los proveedores de atención sanitaria deben ofrecer una gama completa de servicios e información sin imponer sus creencias religiosas. No podemos permitir, ni permitiremos, que el sistema de salud discrimine a los pacientes.
Nos alienta esta emocionante victoria, pero también sabemos que la lucha está lejos de haber terminado. La administración Trump seguirá lanzando ataques implacables contra el acceso a la asistencia sanitaria y los derechos reproductivos. Por ahora, esta decisión refuerza nuestra determinación ante estos ataques y en defensa del derecho a una asistencia sanitaria accesible y de calidad .
